Dominicana e hijo acusados de estafa hipotecaria por US$2 MM

NUEVA YORK._ Una dominicana propietaria de un restaurante-cabaret en Queens, que ganó notoriedad mundial por el asesinato en sus proximidades del afro americano Sean Bell y su hijo, fueron acusados de una estafa hipotecaria por US$2 millones. Los imputados fueron identificados por la fiscalía como Martina Durán, de 57 años y Roger Arias, de 36 y quienes, acorde con el expediente, utilizaron identidades de muertos y ancianos, para comprar y vender tres propiedades.

Uno de los nombres falsos usados por los supuestos estafadores pertenece a una anciana residente en Santo Domingo y quien nunca ha puesto un pie en Estados Unidos, dijeron los fiscales.

A la señora Durán se le acusa de embolsillarse $250 mil dólares de la venta de una casa situada en el Sur del sector de Ozone Par en Queens, por valor de US$500 mil dólares. El fiscal de distrito Richard Brown, advirtió que ese tipo de delito financiero tiene consecuencias en la vida real y nunca será tolerado por las autoridades neoyorquinas.

La mujer se jactó ante los investigadores de que tenía más de un millón de dólares en activos, en bancos de la República Dominicana, y cuando iba de visita se hacía acompañar por guardias armados con los que andaba todo el país. Ella y su hijo, también son investigados por promover y traficar con prostitución.

La mujer y su hijo fueron dejados en libertad bajo fianza de US$250 mil cada uno y deberán regresar a la corte para enfrentar los cargos.

El bar-cabaret Kalua consiguió fama nacional e internacional, cuando cinco policías encubiertos mataron al afro americano Sean Bell e hirieron gravemente a dos amigos del muerto, después que los tres salieran del establecimiento donde amanecieron celebrando la despedida de soltero de la víctima, que se casaría ese mismo día en la noche.

Los encubiertos anti narcóticos que en el momento dijeron que investigaban a narcotraficantes asiduos al club de striptease, fueron absueltos de asesinato. Ahora, enfrentan una investigación federal por violación de derechos civiles y la ciudad una demanda multimillonaria.